|
El Ministro de Justicia y líder del Nuevo Liberalismo fue brutalmente asesinado por los sicarios de la mafia narcotraficante, el 30 de abril de 1984 en el norte de Bogotá.
Evaristo Porras Ardila, el poderoso narcotraficante que intentó mancillar el nombre de Rodrigo Lara Bonilla, inmolado líder del Nuevo Liberalismo y Ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur Cuartas, murió la semana anterior en Bogotá, abandonado, miserable y solo.
Porras Ardila, se hizo tristemente célebre cuando en un montaje de la mafia intentó desacreditar al Ministro Lara Bonilla, mostrando un supuesto cheque que él le habría girado a la campaña de Lara y una grabación de una conversación que también formaba parte del ardid de los delincuentes, pero Lara se mantuvo firme, contraatacó los enclaves mafiosos y ofrendó su vida en el altar de la Patria. Porras, nacido en Florencia, Caquetá, desde los 18 años se radicó en Amazonas, donde fue elegido concejal y se convirtió en fundador del grupo llamado Casa Liberal, fue el capo del Cártel del Amazonas, que sacaba toneladas de coca a través de Brasil y Ecuador y era socio de Pablo Escobar. Se trataba de un traqueto de ojos claros, de mediana estatura, que intentaba vestir elegante, reflejándose siempre la extravagancia propia de los emergentes. Se le atribuye el haber edificado en Leticia una réplica de la mansión de la serie estadounidense de televisión Dinastía.
Cárcel y expropiación Evaristo Porras, murió a los 62 años de un infarto, de los cuales pasó 20 encarcelado, luego de ser condenado por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. El 15 de diciembre de 1995, a sus 47 años de edad, Porras Ardila fue capturado y sindicado por las autoridades de “ser el mayor comercializador de pasta de coca para los laboratorios del sur del país”, adicionalmente fue acusado de “haber auxiliado a la guerrilla, cometer concierto para delinquir y tener nexos con el narcotráfico. Al momento de su detención, Porras mostró síntomas de taquicardia y sufrió un ataque de nervios”, entre su prontuario figura que en 1978, Porras fue detenido en Perú con 27 kilos de coca, pero fingió una apendicitis y evadió la acción de las autoridades. En este país quedó pendiente una solicitud de extradición en su contra. En 1987, detenido en San Andrés, sindicado de narcotráfico y conducido a Cartagena, donde el entonces Juez 123 de Instrucción Penal Militar lo dejó en libertad.
Como había cumplido las tres quintas partes de una condena por enriquecimiento ilícito, por no justificar el tener ochocientos millones de pesos en su haber. Porras salió de la cárcel La Picota en enero de 2006, por una decisión de un juez especializado de Bogotá, luego de que en el 2003 hubiera cumplido su pena por narcotráfico. Una memoria honrada El pueblo colombiano, en su leal saber y entender, nunca dio crédito al montaje de la mafia contra Rodrigo Lara Bonilla, en quien reconoció a un guerrero de la democracia y de la transparencia y un líder político de los que no se vendían, un hombre íntegro que ofrendó su vida por una Colombia mejor. Rodrigo, había nacido en Neiva el 11 de agosto de 1946 y fue inmolado por las balas asesinas el 30 de abril de 1984, siendo Ministro de Justicia y librando una batalla sin cuartel contra las mafias del narcotráfico y quienes las propiciaban desde el Congreso y la política.
El caso Lara Bonilla Según el Libro Los Jinetes de la Cocaína “A Rodrigo Lara Bonilla, la muerte era la última carta que le quedaba en su lucha contra los narcotraficantes. A la cual, paradójicamente, fue llevado por esos mismos delincuentes. Cuando apenas llevaba quince días en el cargo de ministro de Justicia, el país político se hallaba enfrascado en una dura lucha por denunciar la presencia de los dineros calientes --como se denominan los aportes de los narcotraficantes--, en las campañas de los aspirantes al congreso. Y la lucha la orientaba precisamente el Nuevo Liberalismo, el grupo político que coordinaba Rodrigo Lara a nivel nacional.
Dos años antes, en una manifestación en el parque Berrío de Medellín, en un enjundioso discurso que nadie guardó, Rodrigo Lara expulsó públicamente a los aspirantes a curui por ese movimiento en Antioquia, Jairo Ortega Ramírez y Pablo Escobar Gaviria. Las sospechas recaían sobre este último, cuyo derroche económico despertaba desde entonces suspicacias entre los antioqueños que ignoraban su verdadera actividad, el narcotráfico.
Era junio de 1981. El pronunciamiento del Nuevo Liberalismo apenas si mereció notas menores en la prensa. Los dos expulsados crearon una nueva vertiente política, Renovación Liberal, y adhirieron al grupo que para esas elecciones había creado un controvertido senador, Alberto Santofímio Botero, quien había estado preso por el pago de jugosos honorarios con dineros de la Cámara de Representantes, a empleados ficticios u "hombres de paja". Cuando Lara Bonilla fue designado ministro de Justicia, el Departamento de Estado de E.U. había solicitado la extradición de una veintena de colombianos acusados de narcotráfico y lavado de dólares. Seis meses antes se había ejecutado en Florida la Operación Pez Espada, que puso al descubierto la red de empresas y personas encargadas de montar las "lavanderías" de dólares obtenidos con el tráfico de cocaína. Carlos Ledher adelantaba una costosa campaña publicitaria en los medios de comunicación contra la extradición. Dos semanas después de posesionado en el Ministerio, Lara Bonilla fue citado a la plenaria de la Cámara de Representantes para hablar sobre la presencia de dinero, de la mafia en la política. Desconocía entonces que el acusado sería él mismo.
El debate era promovido por Jairo Ortega y Ernesto Lucena, dos congresistas de Alternativa Liberal y, pese a pertenecer al Senado, la citación también la firmaba el propio Santofimio Botero, bajo cuyas banderas había salido elegido representante a la Cámara Pablo Escobar.
Los dos congresistas de ese grupo político, Lucena y Ortega --principal en la lista política de Escobar--, exhibieron en la plenaria del congreso un cheque por un millón de pesos que había girado a nombre de Rodrigo Lara el narcotraficante Evaristo Porras Ardila.
También presentaron la grabación de una entrevista de Porras y Lara, ante un testigo, Gilberto Molina Hernández, quien entonces aseguró ser "un modesto mecánico de automotores", y hoy figura públicamente como un alto dirigente deportivo de Antioquia.
La constancia de la reunión, o al menos en cuanto al alojamiento, la obtuvo el propio procurador Jiménez Gómez, quien la solicitó de manera oficiosa, pero oficial, al Hotel Hilton de Bogotá.
El cheque, se sabría luego, había sido en realidad girado por Porras a una empresa familiar de Rodrigo Lara en el Huila, y la grabación correspondía a una entrevista que le solicitó Porras a Lara, varios meses antes, durante la cual le confesó que era narcotraficante.
Leídas de manera desprevenida las preguntas hechas por Lara a Porras, corresponden a las que formularía cualquier persona que conoce a un coquero en circunstancias ajenas a sus actividades o a cualquier amenaza: ¿Y quiénes manejan eso" "la verdad que todo se origina en Medellín? ¿Cuál es el capo del narcotráfico?
Como respuesta a la celada que le montan, Lara Bonilla trazó una estrategia obvia, en la que lo habría de acompañar buena parte del país si ellos exhiben un cheque que supuestamente me pasaron, ello debe corresponder a la compra de mi silencio Pura probarle al país que ello no es así, los denunciaré pública y oficialmente, y me convertiré en su principal censor
A los pocos días. Lara Bonilla convocó una rueda de prensa, durante la cual exhibió los prontuarios de Pablo Escobar y Carlos Ledher, reveló que había ordenado investigar al congresista Jairo Ortega por encubrir las actividades de narcotráfico de Evaristo Porras, y a este mismo, con base en las propias afirmaciones públicas del congresista.
Esta denuncia le serviría meses más tarde a un controvertido juez, Julián Rojas Otálora, para ordenar la propia indagatoria de Rodrigo Lara, a quien trató de convertir de acusador en sindicado.
El ministro reveló que Porras Ardila traficaba con cocaína a bordo de dos avionetas HK2525 y HK2519-P, las que acababa de ordenar paralizar en la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes
"Soy un ministro incómodo para quienes están por fuera de la ley", dijo Lara Bonilla, quien en los seis meses siguientes ordenó paralizar 250 aeronaves a los narcotraficantes, produjo memorandos internos o públicos, en los que reveló la presencia de este tipo de delincuentes o de sus dineros, en equipos de fútbol, la política y los negocios.
El 29 de septiembre de 1983 cuando apenas llevaba dos meses en el Ministerio, el coronel Jaime Ramírez Gómez, comandante de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional y quien vendría a convertirse en su mano derecha le advirtió sobre un primer plan que se acaba de debelar para asesinarlo en Medellín.
Un ciudadano estadounidense, que se identificaba indistintamente con los nombres de Roberto Samnas y John Burn, pero que en realidad se llamaba Joseph Harold Rosenthal prófugo de una cárcel de Atlanta donde purgaba una pena por narcotráfico , estaba siendo seguido por agentes de la Policía Antinarcóticos y de la DEA Se alojó en un hotel de Medellín, cuyo teléfono fue intervenido
Rosenthal tuvo contactos con un Ochoa y otro sujeto a quien llamaba "Piñata", que se presume era el primo de Pablo Escobar, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero Con ellos habló de la necesidad de ejecutar a Lara Bonilla La amenaza fue hecha pública, pero no se pudo utilizar la información oficialmente, pues la intercepción del teléfono de Rosenthal en Medellín -ciudad donde se considera poco fiable la justicia, se había hecho sin la previa autorización de un juez.
De las grabaciones obtenidas a Rosenthal, también se descubrió que los teléfonos de la DEA en Medellín se encontraban interceptados por la mafia desde hacía varios meses.
Rodrigo Lara prosiguió imperturbable su labor de denuncia, hasta cuando, el 20 de enero de 1984. fue detectado en una central distribuidora de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. un puente sobre las líneas correspondientes a los teléfonos 2711732 y 2538339.
Los números estaban asignados, en su orden, a las líneas privadas de la residencia y la oficina del ministro.
Al día siguiente, fue allanada una discreta residencia, en la que, efectivamente, se encontró una grabadora conectada a dos líneas telefónicas, que estaban identificadas con sus respectivos números. Eran los de Lara Bonilla.
La operación fue puesta al descubierto por el coronel Jaime Ramírez, a quien un informante secreto le había advertido sobre los comentarios que oían en Pereira en torno a un sujeto de apellido Beltrán, quien se encargaba de grabar toda conversación del ministro.
La relación con Pereira se pudo confirmar desde el allanamiento a la residencia, pues allí se encontró una escritura pública de una notaría de esa ciudad, en la que José Alfredo Beltrán Moreno vendía su casa de Bogotá por un precio sensiblemente superior al real.
Además, se encontraron vínculos de la familia Beltrán con personas relacionadas de distinta manera con el narcotráfico, como Fabio Perilla y Carlos Umbacía.
En la residencia se hallaron una grabadora común, siete casetes, un actuador con su instalación, y un revólver calibre 22.
Y un libro de contabilidad, en el que estaban registradas operaciones por millonarias sumas, en dólares y en pesos, celebradas con Luis Doncel, Fabio Raúl Perilla, Leovigildo Nova, Carlos Umbacía, Ciro Ignacio Lope?., Árcenlo Acero, F.fraín García, José Acero, Saúl Jiménez, Marcos Piñeros y Saulo Castañeda, todos reconocidos narcotraficantes según las autoridades.
La policía secreta (F-2) reconoció más tarde que desde el 16 de septiembre de 1982, los Beltrán estaban mencionados en una investigación que fracasó para interceptar el teléfono 2566711, donde residía un narcotraficante.
De igual manera, que esa misma familia había mantenido viva la línea correspondiente a una residencia de la calle 118 con 37, cuyo propietario había sido detenido en los Estados Unidos por narcotráfico. La Empresa de Teléfonos de Bogotá ordenó en varias ocasiones, infructuosamente, que fuera suspendida.
Luego del allanamiento fueron capturados Luis Alfredo Beltrán Moreno, jefe de la organización; su hijo, Ricardo Beltrán Franco y Alirio Ramírez Guzmán, todos exempleados de la ETB, y quienes tenían una verdadera industria de seguimiento de personas en Bogotá.
Los Beltrán dejaron en la ETB los contactos suficientes que les permitieron controlar las líneas telefónicas. Sus actividades consisten básicamente en ofrecer a los narcotraficantes de Bogotá información acerca de la intercepción de sus líneas telefónicas, y por cuenta de qué autoridad. En el evento de confirmar esto, ofrecen el cambio inmediato del número telefónico. También "prestan" líneas a los narcotraficantes para comunicarse con el exterior, a fin de que no puedan ser identificados. Casi siempre, el canje se hace con números asignados a entidades oficiales. Para describir sus actividades, se habla en tiempo presente, pues aún hoy las ejecutan.
El propio ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, acusó ante el congreso a los Beltrán de ser los autores de interceptar los teléfonos de los magistrados de la Corte Suprema en el Palacio de Justicia, antes de su toma, a nombre de "Los Extraditables"
Pese a la abundancia de pruebas recaudadas en contra de los Beltrán, fueron puestos en libertad condicional a los pocos días de capturados, con base en una controvertida ley, que en realidad se había dictado para evitar que fuera a la cárcel más de medio centenar de banqueros comprometidos en la crisis financiera del segundo semestre de 1982.
Para entonces. Rodrigo Lara ya recibía amenazas en su teléfono (tan pronto colgaba, lo llamaban y le hacían escuchar lo que acababa de decir), o cintas con las grabaciones de sus conversaciones en todo un día.
Lara pidió entonces protección, la cual creyó hallar en una embajada tras la Cortina de Hierro, en Checoslovaquia. Pero la maña también se enteró.
En circunstancias desconocidas, se realizó una cumbre de los principales narcotraticantes, que tienen como modalidad crear una "bolsa de aportes" con el objeto de garantizar que todos queden comprometidos, y nadie pueda por tanto acusar a los otros. En esa reunión se acordó que cada uno aportaría la suma de $10 millones, como en efecto se hizo.
Dos cuidadosos planes fueron acordados: Martín Elias Piedrahíta, desde Pereira, enviaría un grupo de choque, supletorio, que debía actuar en el evento de que fallara la organización de Pablo Escobar, considerada la más fiable por ser "egresada" de su escuela de sicarios.
Escobar, por su parte, encargó a la Banda de los Quesitos, en la que confiaba plenamente, pues varios de ellos eran sus conocidos desde el barrio La Paz de Envigado, otros eran sus guardaespaldas o trabajaban en su organización política.
El plan para asesinarlo se cumplió en dos etapas. Unos que vinieron a Bogotá a adquirir todos los elementos necesarios para cumplirlo, dirigidos por Luis Alberto Castaño Molina -quien se identificó en Bogotá con el nombre de Dagoberto Ruíz Correa, El Chopo--, y otros encargados de la ejecución del asesinato, al mando de Germán Alfonso Díaz Quintana, El Ronco.
En una primera ocasión falló el atentado, pese a que los sicarios se habían instalado en el último piso de un hotel a espaldas de la sede del Ministerio de Justicia, desde cuya ventana prácticamente se observaba el despacho del ministro.
Debieron regresar a la semana siguiente, el 27 de abril de 1984, y el 30 asesinaron a Rodrigo Lara.
No obstante lo cuidadoso, todo el plan para mimetizarse fracasó, pues se logró identificar desde la casa en Medellín donde se reunieron para planear el asesinato, hasta las llamadas que hicieron los sicarios a la oficina de Pablo Escobar, y a la residencia de su hermana. Alba Marina Escobar de Gallego.
El juez Primero Superior de Bogotá, Tulio Manuel Castro Gil, llamó a responder en juicio a Pablo Escobar Gaviria como autor intelectual, vinculó a otras 12 personas como autores materiales y ordenó reabrir la investigación contra los miembros del Clan Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, mencionados en el proceso como posibles coautores. Tres meses después de proferido el enjuiciamiento. Castro Gil fue asesinado a bordo de un taxi que había tomado para ir a su casa.
La autoría intelectual de Pablo Escobar Gaviria en el asesinato del Ministro Lara Bonilla, fue brillantemente sustentada por el procurador Segundo Delegado en lo Penal, abogado Alvaro López Dorado, quien debió abandonar el país luego de rendir el concepto”.
|
